San Raymundo Jalpan, Oax., a 26 de febrero de 2026.- En Sesión Ordinaria, el
Pleno del Congreso local aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente
de Fortalecimiento y Asuntos Municipales mediante el cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con el
objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización ciudadana, garantizar la
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y consolidar la participación
social con perspectiva de igualdad de género en el ámbito municipal.
La reforma establece nuevas obligaciones para los ayuntamientos en materia de
contraloría social, promoviendo la integración formal de los Comités de Contraloría
Social como órganos ciudadanos encargados de supervisar, vigilar y dar
seguimiento a la ejecución de obras y programas financiados con recursos
federales, estatales y municipales, fortaleciendo así la rendición de cuentas desde
el territorio.
Entre las adecuaciones aprobadas, se incorpora como atribución expresa de los
ayuntamientos la promoción e instalación de los Comités de Contraloría Social y de
la Contraloría Interna Municipal, garantizando además la capacitación de sus
integrantes y la dotación de herramientas necesarias para el adecuado desempeño
de sus funciones.
Asimismo, se establece la obligación de las presidencias municipales de atender los
requerimientos de información formulados por el Contralor Interno Municipal y por
los propios Comités de Contraloría Social, los cuales deberán conformarse durante
el primer trimestre del ejercicio fiscal correspondiente, asegurando su operación
oportuna en la supervisión de las obras públicas.
El decreto también precisa que los Comités de Contraloría Social estarán integrados
por tres personas ciudadanas del municipio, electas mediante asamblea
democrática en sus comunidades, agencias, colonias o localidades beneficiadas,
incorporando de manera obligatoria el principio de paridad de género. Además, se
establecen requisitos específicos para evitar conflictos de interés, prohibiendo la
participación de servidores públicos, dirigentes políticos o religiosos, contratistas,
proveedores o familiares directos de integrantes del cabildo.
De igual manera, se fortalecen las atribuciones de estos órganos ciudadanos al
facultarlos para integrar informes trimestrales derivados de la supervisión de obras,
intervenir en los procesos de entrega-recepción y comunicar directamente a las
personas beneficiarias los resultados del seguimiento realizado, promoviendo una
vigilancia social efectiva y transparente.
Como parte de las medidas complementarias, los ayuntamientos deberán garantizar
la difusión periódica de la información financiera y del avance físico de las obras
públicas en los estrados municipales, asegurando el derecho de las comunidades
al acceso a la información y fomentando la máxima publicidad en el manejo de los
recursos públicos.
El dictamen deriva de la iniciativa presentada por la diputada Dulce Belén Uribe
Mendoza, orientada a robustecer el marco jurídico de la contraloría social y asegurar
que la integración de estos comités responda a procesos auténticamente
democráticos, evitando designaciones discrecionales y fortaleciendo la vigilancia
imparcial del gasto público.
