MADRID. 09 de octubre 2017.-Madrid. El “día D”, como ya lo llaman algunos, llegó finalmente a Cataluña. El Parlamento catalán celebrará este martes una sesión que aspira a ser histórica y en la que, si se cumple la hoja de ruta trazada por el movimiento secesionista, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decretará la independencia unilateral y el nacimiento de la nueva república catalana.

Mientras en la calle y en los despachos oficiales siguen alimentándose las tres vías de salida del conflicto: decretar la autodeterminación y hacer caso omiso de los tribunales españoles, abrir una vía de diálogo para una solución pactada y, la tercera y más beligerante, la suspensión de la autonomía y el encarcelamiento de los principales líderes separatistas.

El presidente Puigdemont solicitó comparecer ante el Congreso regional para presentar el informe oficial con los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre, en el que, a pesar de haber sido ilegalizado por los tribunales españoles, votaron algo más de dos millones 300 mil ciudadanos catalanes (43 por ciento del censo), de los cuales 90 por ciento votó a favor de la secesión.

El pacto que firmaron las tres principales fuerzas que dirigen el movimiento separatista -Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura de Unidad de Popular (CUP)- establece que tras el referendo y finalizado el escrutinio se abriría un plazo de 48 horas para decretar la independencia en caso de que se impusiera el sí.

Para el pleno parlamentario de este martes se pretende que todos los grupos participen en el debate y que se vote la resolución con la que se pondría el primer peldaño de la nueva república.

Los tribunales españoles -desde el Tribunal Constitucional (TC) hasta los tribunales ordinarios de justicia penal- han abierto causas penales contra los principales dirigentes independentistas por los delitos de sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, y suspendido de forma cautelar cualquier iniciativa relacionada con el mismo.

Las bases del movimiento separatista, aglutinado en torno a las plataformas civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium, convocaron a una concentarción frente al Parlamento a partir de las 18:00 horas, una hora antes de que comience el debate. Con el lema “¿Avancemos al lado de nuestras instituciones! Sí, hola república”, se plantean demandar el cumplimiento de lo prometido por sus líderes, en una línea que también apoyan diputados y líderes de las CUP y ERC.

En contraste, si bien el PDECAT (antes Convergencia Democrática de Catalunya) manifestó su apoyo “total” a Puigdemont, una parte se pronuncia porque la declataroria de independencia no tenga efectos inmediatos, ya que algunos de sus dirigentes prefieren abrir una vía de diálogo ante la la salida masiva de empresas (alrededor de cuatro mil cambiaron su domicilio social, entre ellas las más importantes de la región) y también para suavizar el enfrentamiento social que cada día es más patente en las calles.

Las grandes corporaciones Abertir, Cellnex y Colonial decidieron este lunes abandonar Cataluña como su domicilio social y trasladarse a otro punto de España, mientras que el poderoso grupo editorial Planeta anunció que si se produce la declaración de independencia hará lo mismo que el resto de compañías.

Jordi Sánchez, líder de la ANC, explicó que la concentración será “pacífica”, pero que será para “recordarles que el pueblo catalán ha hablado y ha dicho ‘sí’ a la independencia, que las peticiones catalanas e internacionales de diálogo son muchas y todas chocan con la intransigencia del Estado. Y que las sanciones exorbitadas y las peticiones de cárcel, así como la represión de nuestra libertad política, convierten la declaración de independencia en la única salida”.

El gobierno del derechista Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP) mantuvieron su ofensiva contra el movimiento indepedentista. El propio jefe de gobierno dijo que su Ejecutivo hará todo lo que haga falta”, empleará los instrumentos que ofrecen la Cnstitución y el Código Penal para impedir la declaración de independencia, y subrayó que adoptará las medidas “necesarias”.

Rajoy no hizo alusión al artículo 155 constitucional, evocado en los últimos días en diversos medios españoles, que contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al “cumplimiento forzoso” de sus deberes, refirio Europa Press.

De todos modos, la vicepresidenta Soraya Saénz Santamaría no descartó la aplicafción del 155 en entrevista co Euroa Press, mientras el líder del Partido Socialista Obreto Español, Pedro Sánchez afirm´que apoyará la “repuesta” de Rajoy en caso se que se concrete la declaratoria de independencia.

Más aún, el vocero del PP, Pablo Casado, reiteró que no habrá ningún tipo de diálogo ni negociación con “los golpistas”. Y hasta llegó a advertirle a Puigdemont que corre el riesgo de acabar como el primer presidente catalán que decretó la independencia en 1934, Lluís Companys, quien fue detenido por el gobierno de la II República y encarcelado en Barcelona, y posteriormente fusilado por la dictadura franquista.

“Vamos a impedir la independencia, se tomarán las medidas que sean necesarias, se hará todo lo que sea necesario sin renunciar a ningún instrumento de la constitución ni del Código Penal. Y Puigdemont y los suyos con quien tienen que hablar es con sus abogados”, señaló el vocero del PP.

En esa misma línea, el ex ministro socialista Josep Borrel resaltó que el delito de “rebelión”, en la que incurriría Puigdemont, si declara la secesión, conlleva una pena de 20 años de prisión.

El diputado de CUP, Benet Salellas replicó que es necesario ponerse al nivel del Estad cuando la úica porpouesta política de Madrid es que “el PP use el fusilamiento del único presidnete democrático fusilado en el seglo XX”, y en relación al éxodo de empresas indicó: Les deseamos buen viaje y que vayan a donde quieran, No nos interesan aquyellos que hacen chantaje al poder político”.

La tercera vía, quizá la que menos adeptos tiene entre los responsables públicos de Cataluña y España, es la que propone el diálogo, la reconciliación pacífica y el inicio de una negociación que permita encontrar una salida la cisis. Precisamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, enarboló esta bandera para exigir tanto a Rajoy como a Puigdemont que “no dinamiten los espacios de diálogo ni los puentes”, al apelar a su “responsabilidad” que “contribuya a desescalar la tensión”.

Un grupo de ganadores del premio Nobel de la Paz entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams, Mairead Maguire, llamaron en una carta abierta al diálogo y la mediación entre España y Cataluña.

“Vimos con más y más preocupación la creciente tensión entre Madrid y Cataluña en el período previo al referendo… Ninguna de las partes está libre de errores en el trato con el proceso”, dice la carta firmada también por José Ramos Horta, Shirin Ebadi y Tawakkol Karman.

En la misiva dicen que “si bien no nos pronunciamos sobre cuestiones constitucionales, creemos que las democracias maduras pueden buscar varias formas de permitir la libertad de expresión”, agregaron.